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En México, el poder legislativo ha dejado de ser un espacio de deliberación democrática para convertirse en un escenario de espectáculo. Esta semana, el que fuera su último día como presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, protagonizó un escándalo que parece ser más una estrategia de distracción que una legítima defensa.
Mientras se victimiza por supuestos ataques mediáticos, el país observa con incredulidad la compra de una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, cuya procedencia financiera sigue sin aclararse.
La contradicción es brutal: quien se ha presentado durante años como “luchador social” y defensor de la austeridad, hoy vive rodeado de lujos que no cuadran con su trayectoria pública. Y cuando se le cuestiona, responde con amenazas, insultos y una narrativa de persecución que busca desviar la atención del verdadero problema: la falta de transparencia.
Pero este episodio no ocurre en el vacío. Se da en un momento en que el gobierno ha desmantelado al INAI, el órgano garante del acceso a la información pública.
Sin esa herramienta, la ciudadanía quedó indefensa ante posibles actos de corrupción. ¿Cómo saber si la casa fue adquirida legalmente? ¿Cómo verificar si hay conflicto de interés, enriquecimiento ilícito o simulación patrimonial? La respuesta es dolorosa: no podemos.
Y mientras tanto, el Senado se convierte en un circo. Los gritos, las descalificaciones, los montajes de indignación no son más que cortinas de humo para tapar lo que realmente importa: el uso del poder para beneficio personal, la erosión de los mecanismos de rendición de cuentas y el desprecio por la ética pública.
Este caso recuerda otros momentos oscuros de nuestra historia reciente, como la Casa Blanca de Peña Nieto. Pero lo que antes generaba indignación masiva, hoy parece diluirse en la polarización y el ruido cuán propósito es.
La anestesia ciudadana es el triunfo más peligroso del actual poder.
No se trata solo de una casa. Se trata de lo que representa: el abandono del compromiso republicano, la traición al discurso de justicia social y la normalización de la opacidad. Y ante eso, no se puede ni se debe callar.
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