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Mientras la presidente celebraba cifras alegres y promesas desde Palacio Nacional, en Tabasco y el resto del sureste mexicano se gestaba una advertencia: paro de operaciones, bloqueos carreteros, y una exigencia que ya no cabe en comunicados ni en mesas técnicas.
Los subcontratistas de Pemex, agrupados en el Frente Amplio, han decidido alzar la voz ante lo que consideran una omisión deliberada: el no reconocimiento de adeudos por servicios prestados durante 2024.
Eustacio Pérez, presidente del Frente, lo dice sin rodeos: más de 3 mil millones de pesos en deuda, más de 150 empresas cerradas, otras 300 al borde del colapso. ¿A quién le pagaron?, pregunta. ¿Por qué Pemex niega lo que está documentado en contratos, facturas y testimonios? La respuesta oficial es el silencio. La respuesta ciudadana, el hartazgo.
Este no es un conflicto administrativo. Es una crisis social. Porque detrás de cada empresa quebrada hay familias, obreros, técnicos, proveedores. Hay comunidades enteras que dependen de esa cadena productiva. Y cuando el Estado no paga, no sólo se detiene el sur: se erosiona la confianza, se vulnera la dignidad, se rompe el pacto mínimo de justicia.
La narrativa oficial habla de estabilidad. Nosotros hablamos de sobrevivencia. Porque en el sureste, la industria petrolera no es una estadística: es el pan nuestro de cada día. Y hoy, ese pan está en riesgo.
¿Qué sigue?
La opacidad no puede ser la norma. Si Pemex no reconoce los adeudos, que lo haga públicamente. Si hay pagos, que se publiquen con nombres, montos y fechas. Si hay contratos, que se transparenten. Y si hay negligencia, que se asuma con responsabilidad y se castiguen a los culpables.
Desde Tabasco, desde el sur que sostiene buena parte de la industria energética del país, proponemos una exigencia mínima: claridad. Que se habilite una plataforma pública de seguimiento a pagos, contratos y servicios prestados. Que los subcontratistas puedan consultar el estatus de sus facturas sin intermediarios ni simulaciones. Que la ciudadanía sepa, con certeza, a quién se le paga y por qué.
Porque cuando el Estado no paga, el sur se paraliza.
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