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La visita del secretario de Estado Marco Rubio a México fue presentada como un gesto de respeto mutuo y colaboración. Se habló de seguridad, migración y comercio. Pero detrás del lenguaje diplomático, lo que se firmó no fue un acuerdo, ni siquiera un memorando formal. Fue una reafirmación de lo que —según ambos gobiernos— ya se venía haciendo. Es decir, nada nuevo, pero con más vigilancia.
La novedad es la creación de un “grupo de implementación de alto nivel”. Un mecanismo que se reunirá regularmente para coordinar acciones. ¿Pero qué acciones? ¿Con qué límites? ¿Con qué garantías si no se especifica. Y eso es preocupante.
Se aceptó la narrativa de colaboración sin cuestionar el desequilibrio de poder. Y en diplomacia, lo que no se exige, se concede.
El enfoque sigue siendo el mismo: frenar el fentanilo que entra a EE. UU., controlar la migración que ya ha disminuido, y evitar que las armas compradas legalmente en armerías estadounidenses lleguen a México. Pero ¿qué hay del tráfico de combustible? ¿Qué hay del lavado de dinero? ¿Qué hay del papel del país en zonas tomadas por el crimen y que son considerados como terroristas?
Aunque hay elementos claves en el discurso y contexto de Marco Rubio en la conferencia de prensa que concedió, apuntan a la cooperación de México en la extradición de presuntos delincuentes y la expectativa de que sus declaraciones ante la justicia estadounidense revelen vínculos con mexicanos relevantes.
Aunque Rubio no mencionó nombres específicos, sí dejó entrever que Estados Unidos espera resultados concretos de esa cooperación judicial.
¿Importa ese pequeño párrafo que mencionó en la rueda de prensa?. Creo que si.
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