Tiempo de Política
El anuncio del aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas y los refrescos, motivó un comprensible rechazo de esta industria y comercio, con el argumentó de que implicarán un incremento en el precio del 15 por ciento e incluso desempleo.
Las razones de las autoridades del sector Salud ya es de todos conocidas: México tiene dos lamentables premios a nivel mundial en sobrepeso y obesidad, con primer lugar en la población infantil, adolescente y segundo en los adultos.
El director del ISSSTE, Martí Batres, ejemplificó durante la mañanera presidencial de este jueves, que tomar un vaso con refresco equivale a una taza de café con 15 cucharadas de azúcar.
Sobran manzanas para que todos comprendamos el grave daño a la salud de la población mexicana, una de las principales consumidoras de bebidas azucaradas en el mundo.
En cuestiones de sanidad las consecuencias de consumir productos con exceso de azúcares y/o edulcorantes, deriva en varias enfermedades, entre ellas la diabetes, la insuficiencia renal e hipertensión, que exigen caros tratamientos como la hemodiálisis.
Esto significa que además de las penurias de los pacientes, su atención tiene un alto costo para el sistema de salud nacional.
Por ello, llama la atención la queja de la Asociación Mexicana de Bebidas que el definido “impuesto saludable” incrementará entre un 10 y 15 por ciento el precio de las bebidas, “siendo un duro golpe al bolsillo de las personas”.
Duro golpe al bolsillo es el tratamiento de insuficiencia renal del orden de los tres mil pesos por sesión en enfermos que requieren dos y tres por semana.
Argumenta también la MexBeb (Que aglutina a la Cocacola, la Pepsico, entre otras transnacionales) que el impuesto afectará en el país a 400 mil pequeños comercios y pone en riesgo 150 mil empleos.
Por otro lado, el “impuesto saludable” recaudará al año 41 mil millones de pesos, que serán destinados al sector Salud.
Luego entonces, se presenta una perversa disyuntiva: que se mantenga el consumo de refrescos y jugos dañinos para millones de mexicanos, con el costo al sistema de salud nacional, para conservar esos empleos o que se aplique el impuesto que desincentive la ingesta, para tener una población sana y disminuya el presupuesto para la atención de enfermedades.
Los verdaderos responsables públicos han sido los indolentes gobiernos que permitieron la producción y consumo de bebidas y productos con exceso de azúcar, con tres y cuatro sellos negros.
Paralelamente, la ausencia de políticas educativas para contrarrestar las masivas campañas publicitarias de estas empresas transnacionales que envenenan a nuestra niñes y juventud.
Está por demás decir que los hogares fueron rebasados en el hábito de optar por bebidas naturales, en lugar de los cómodos envasados, con un doble y hasta triple costo mayor al ofrecido por las frutas de temporada.
TIEMPO FUERA.- Argumentar afectación a pequeños comercios y al empleo, a costa de la salud de la población de un país, es una cínica lógica del extremo capitalismo salvaje, que anida en naciones con gobiernos corruptos.
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