Jorge Núñez 
CARTA ABIERTA
El arranque de la presidencia de Hugo Aguilar Ortiz en la Suprema Corte deja más sombras que luces. Apenas instalado en el cargo, el ministro se rodeó de casi un centenar de asesores, con un costo mensual superior a los seis millones de pesos. Esto resulta ofensivo ante el discurso de austeridad que se volvió estandarte en la Reforma Judicial.
La incongruencia es evidente: quienes tienen la tarea de revisar la constitucionalidad de las leyes parecen desentenderse de la exigencia social de moderación y prudencia en el uso de recursos, esas que tanto defendió López Obrador.
El intento de Aguilar por corregir el rumbo, anunciando un recorte del 40% en su plantilla, llega tarde y con sabor a estrategia de control de daños. Los ciudadanos no olvidan el despropósito inicial, ni la otra postal incómoda: la cena en un lujoso restaurante de Polanco tras rendir protesta; sí, aunque el presidente de la Corte no haya asistido ese 2 de septiembre.
Estas dos escenas bastan para alimentar la percepción de frivolidad y distancia de los nuevos magistrados con la gente común. El primer mensaje suele marcar la narrativa y, en este caso, el mensaje fue desaseado y contradictorio.
Por otra parte, también son preocupantes los perfiles que Aguilar eligió para acompañarlo. La incorporación de figuras morenistas como Vidulfo Rosales o Daniel Wong Ibarra desató un debate que, lejos de cerrarse, se agrava con la opacidad en torno a sus funciones y salarios. La explicación del ministro, insistiendo en que se trata de profesionales con atribuciones jurídicas específicas, no despeja la sospecha de que se construye un círculo de poder más preocupado por afinidades políticas que por la calidad técnica.
La Corte inicia así una etapa marcada por la desconfianza. El nuevo presidente parece haber confundido la oportunidad histórica de fortalecer la legitimidad del Poder Judicial con la tentación de replicar los viejos vicios: exceso de asesores, gasto cuestionable, lujos y decisiones jurídicas que generan incertidumbre.
El arranque de Hugo Aguilar al frente de lo que parece ser la Tremenda Corte es una señal de cómo la incongruencia puede erosionar la credibilidad de una institución que se reformó para no ser igual que la de antes, integrada por quienes, se suponía, eran los ‘malos malotes’.
Por esto es que los ciudadanos tienen razones de sobra para indignarse. Ya sólo faltaría que los indignados ante estas críticas sean quienes originaron tales despropósitos.
Ya hasta parece que lo hacen a propósito…
Acerca del autor
