Jorge Núñez 
CARTA ABIERTA
La disputa entre Alejandro Moreno Cárdenas y el aparato de Morena se ha intensificado hasta alcanzar el patrimonio familiar del líder opositor, en un ejemplo de guerra política que se ha intensificado en los últimos días.
El decreto de expropiación emitido por el gobierno de la morenista Layda Sansores es la punta de lanza de lo que ‘Alito’ ha calificado como una implacable persecución política.
El gobierno de Campeche expropió tres terrenos ubicados en la zona residencial Lomas del Castillo que suman poco más de siete hectáreas.
Estos predios fueron señalados como propiedad de la madre del priista, Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, y de un empresario vinculado a él. Layda Sansores defendió la acción como un “acto de justicia” para construir una universidad. Sin embargo, ‘Alito’ precisó que su madre sí posee un terreno de 1.1 hectáreas, el cual es “lícito” y está “legalmente acreditado.”
Para Alejandro Moreno, la expropiación es la respuesta vengativa de un gobierno que no ha podido ganarle otros juicios. Calificó el decreto de “ilegal,” “inconstitucional” y “arbitrario,” y aseguró que combatirá esta violación de derechos.
Esta acción se suma a las investigaciones que pesan sobre él por peculado, abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones. Pese a estos señalamientos, el líder priista ha insistido en que ya ganó “absolutamente todo” en los tribunales, pues, después de siete años de hostigamiento, dice contar con los “no ejercicios de acción penal.”
Aun con estas supuestas victorias legales, el proceso de desafuero en la Cámara de Diputados sigue abierto. ‘Alito’ afirma que dicho proceso se sostiene en la “fabricación de cinco carpetas de investigación» sin fundamento, que buscan imputar a personas que no tienen relación con el caso.
Para el dirigente nacional, él es el “único opositor con carácter, con firmeza, que no le tiene miedo” a un gobierno que, según su narrativa, busca convertir a México en una “narcodictadura terrorista comunista como la de Venezuela”.
La complejidad del conflicto se acrecentó con la intromisión del vocero morenista Arturo Ávila, quien presentó una acusación inesperada: que fue el PRI el responsable de interponer juicios de amparo a favor de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con la intención de construir una narrativa mediática negativa.
Moreno respondió que la acusación de Ávila es “falsa,” “calumniosa,” “de risa” e “inverosímil.”
En este turbulento panorama, más allá de la legalidad de los terrenos expropiados o la solidez de las carpetas de investigación, Morena está decidido a acabar, ahora sí, con el dirigente priista que recién los denunció ante la DEA y el FBI.
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