La Agenda en Red
El gobierno federal ha destinado 4.5 billones de pesos a programas sociales entre 2019 y 2026. Solo en el primer año del sexenio de Claudia Sheinbaum, se ha gastado casi un billón de pesos, casi el 35% del total acumulado por los gobiernos morenistas. La cifra es histórica. Pero también es alarmante.
Este gasto masivo en pensiones, becas y apoyos al campo se presenta como justicia social. Pero detrás de la narrativa del “bienestar” se esconde una arquitectura de control que combina transferencias directas, focalización, opacidad fiscal y uso faccioso del presupuesto estatal.
Porque no es solo el gasto federal. Los gobiernos estatales morenistas también reparten apoyos sociales con recursos que les transfiere la federación a los estados llamados transferencias federales muchas veces sin reglas claras, sin padrones públicos y sin fiscalización ciudadana.
El dinero etiquetado como “participaciones” o “aportaciones” vienen terminando en programas paralelos, operados desde oficinas locales, con criterios políticos y sin rendición de cuentas.
¿Quién decide quién lo recibe? ¿Con qué criterios? ¿Con qué supervisión? La inteligencia artificial ya se comienza a usarse para perfilar beneficiarios, automatizar registros y simular eficiencia. Pero no hay una ley vigente que regule su uso en programas sociales.
No hay reglas de operación y no se auditan. No se garantiza que no haya sesgos, exclusiones o manipulaciones. Y mientras tanto, el gasto crece, el déficit se amplía y la ciudadanía se vuelve dependiente de un sistema que no puede cuestionar.
Se advierte que sin una reforma fiscal integral, estos programas se volverán con el tiempo insostenibles. Las opciones que le quedará al gobierno será imprimir dinero, endeudarse o crear nuevos impuestos. Todas estas medidas tienen costos sociales. Pero el mayor riesgo es que el bienestar se convierta en simulación, y que los datos de millones de mexicanos sean usados para fines políticos sin protección legal.
¿Estamos ante una política social o ante una estrategia de legitimación? ¿Es redistribución o es dependencia? ¿Es justicia o es control?
La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se decide el “bienestar”. Tiene derecho a exigir transparencia, auditoría pública y protección de sus datos.
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