“¿Por qué hasta 2028? La verdad reservada del Puente de la Concordia”
La Agenda en Red
31 personas murieron el 10 de septiembre en Iztapalapa. No fue un accidente cualquiera. Fue una explosión de 49,500 litros de gas LP en una curva con antecedentes de 38 siniestros entre 2018 y 2023. Fue una tragedia con grietas visibles en el pavimento, contradicciones en la velocidad oficial, y grabaciones del C5 que podrían esclarecer lo ocurrido. Pero la Fiscalía de la Ciudad de México ha decidido que esa verdad no se conocerá hasta 2028.
¿Por qué? ¿Quién lo decidió? ¿Con qué justificación técnica y ética?
La reserva de información pública en casos con víctimas mortales no puede ser una decisión administrativa sin rostro. La fiscal Bertha Alcalde debe explicar por qué se clasificó como reservada toda la carpeta de investigación, incluyendo las grabaciones del C5. ¿Qué riesgo representa para la investigación liberar esos materiales? ¿Qué se protege: el debido proceso o la imagen institucional?
Porque lo que está en juego no es solo el acceso a documentos. Está en juego el derecho a la verdad de 31 familias, el derecho de la ciudadanía a conocer si hubo negligencia estructural, y el deber del Estado de rendir cuentas sin dilaciones.
La grieta de tres metros que apareció días después en el sitio del siniestro contradice la versión oficial que niega fallas en el pavimento. Los cambios en la velocidad reportada (de 50 km/h a 44–46 km/h) sugieren ajustes posteriores. Y los antecedentes de accidentes en esa curva configuran un patrón ignorado por la autoridad por años.
¿Por qué hasta 2028? ¿Por qué no ahora, cuando la memoria está viva, cuando las familias siguen esperando respuestas, cuando la ciudadanía exige transparencia?
Reservar la verdad es prolongar el duelo. Es archivar la justicia. Es convertir una tragedia en expediente, y una carpeta en silencio.
La Fiscalía de la Ciudad de México fundamente tiene una decisión ante la ciudadanía. Que se libere al menos una parte de la información técnica. Que se convoque a expertos independientes para revisar el caso. Que se escuche a las familias antes de sellar la verdad por tres años, es lo menos que pueden hacer.
Acerca del autor
