Ciudad de México, 29 de octubre. — Con 456 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta legislación busca establecer un marco legal unificado para combatir la extorsión en todo el país, delito que ha aumentado significativamente en los últimos años.
La nueva ley contempla penas de 6 a 15 años de prisión, que pueden aumentar hasta 25 años si se configuran agravantes, como extorsión telefónica, digital, por redes sociales o desde centros penitenciarios. Además, el delito será imprescriptible y perseguido de oficio, lo que fortalece la capacidad del Estado para actuar sin necesidad de denuncia previa.
Durante el debate, se incluyeron 34 agravantes agrupadas en tres categorías, y se reformaron cinco marcos legales clave, incluyendo el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. También se modificó el artículo 73 constitucional para permitir una definición única del delito a nivel federal, estatal y municipal.
Sin embargo, Morena y sus aliados introdujeron cambios de última hora que reducen las penas para funcionarios públicos —como policías o ministerios públicos— que omitan información sobre casos de extorsión, lo que generó críticas de algunos sectores políticos que exigían sanciones más severas.
El dictamen ahora pasará al Senado para su análisis y eventual aprobación final. Esta ley representa un paso importante en la lucha contra el crimen organizado y la protección de comerciantes, ciudadanos y víctimas de extorsión en México.
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