En una serie de eventos vertiginosos, el exfuncionario mexicano Simón Levy fue detenido el 28 de octubre de 2025 en Portugal, tras lo cual fue liberado bajo medidas cautelares en espera de un proceso de extradición. La detención, realizada por las autoridades portuguesas tras una notificación roja de la Interpol, respondió a dos órdenes de aprehensión vigentes en México por delitos relacionados con daños al ambiente, amenazas y daño doloso a la propiedad ajena. A pesar de que la Fiscalía de la Ciudad de México y la presidenta Claudia Sheinbaum confirmaron el arresto, Levy negó los hechos, asegurando que se trataba de una «cortina de humo» para encubrir un presunto atentado en su contra en Washington.
En la mañana del 29 de octubre, el gabinete de seguridad de México confirmó que las autoridades portuguesas habían notificado la detención. El Tribunal de Apelación de Lisboa ordenó la libertad de Levy, pero le impuso medidas cautelares, como la permanencia en territorio luso y el control de su identidad. Mientras se resuelve la situación de su nacionalidad, el empresario está sujeto a estas restricciones y se le ha notificado que enfrentará un proceso formal de extradición. La Fiscalía mexicana se mantiene en contacto con las autoridades portuguesas para dar seguimiento al caso.
Este episodio ha generado gran controversia, con la Fiscalía y el Gobierno mexicano afirmando la detención y el proceso de extradición, y Levy negando categóricamente haber sido arrestado y sugiriendo una persecución política. Mientras el proceso judicial en Portugal sigue su curso, la atención pública se centra en el desenlace de esta «novela» política y judicial.
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