Jorge Núñez 
CARTA ABIERTA
Durante años, Tabasco vivió con una anomalía asumida como costumbre. La omisión del pago de la energía eléctrica se volvió gesto de protesta, bandera ideológica y hábito social. Aquella corriente surgió cuando Andrés Manuel López Obrador militaba en el PRD y denunciaba tarifas asfixiantes de gobiernos priistas y panistas. La consigna prendió rápido y se extendió: hogares completos, comercios y simpatizantes, algunos con solvencia económica, adoptaron esta causa social y política
La llamada resistencia civil llevó a que miles usuarios dejaran de cubrir recibos y muchos otros recurrieron a conexiones en los postes, los conocidos diablitos, visibles a plena luz del día. Figuras destacadas del perredismo tabasqueño (Darvin González Ballina, Auldárico Hernández Gerónimo, Octavio Romero Oropesa, Enrique Valdés, Gerardo Gaudiano, Pablo Rodríguez Bonfil, Dorilian Díaz Pérez y Casilda Ruiz, entre otros) participaron de esa práctica, pese a no tener necesidad económica de ello. Ningún gobierno se atrevió a tocarle los bigotes al tigre.
Con los años llegó un avance concreto: la tarifa 1F, la más baja del país. Aun así, el malestar persistió. Los cobros elevados siguieron como motivo de inconformidad y el hábito de la omisión de pago se mantuvo vivo. En meses recientes, Rafael Acosta León intenta reactivar aquella bandera desde el PRD, aunque el escenario cambió: el poder federal ahora descansa en manos de Morena y la vieja épica carece de respaldo institucional.
En ese contexto aparece la detención de Maribel “N”, encargada de una pequeña tienda de abarrotes en la ranchería Buenavista. El hecho, visto en superficie, parece un asunto menor: una conexión ilegal con un ‘diablito’, algunos electrodomésticos asegurados y una orden de cateo ejecutada por la Fiscalía General de la República. Sin embargo, el fondo del mensaje resulta mucho más amplio. Durante décadas, prácticas similares transitaron sin consecuencia penal. Hoy la FGR decide intervenir y encarcelar a los infractores.
La señal apunta hacia un giro gradual: el fin de la tolerancia histórica frente al uso irregular de la energía y frente a la omisión deliberada de pago. Habrá que observar la reacción de la oposición, en especial del PRD, ante la detención de una mujer humilde convertida en símbolo involuntario de un cambio de época.
Lo ocurrido en Buenavista parece un ensayo general. Un aviso silencioso para quienes aún están en una protesta que perdió cobijo desde el poder y que ahora enfrenta el peso pleno de la ley.
¿Cuál será el siguiente paso de la FGR en este cambio de señales frente a la resistencia civil?
:LA RÚBRICA
Desde el 12 de diciembre, la Fiscalía General del Estado colocó fichas de búsqueda y recompensas de 100 mil pesos contra diez policías acusados de desaparición forzada de personas: Ysael Ramírez Trejo, exdirector de Seguridad Pública en Paraíso; Luis Armando Pérez de los Santos; Adalberto Jiménez Hernández; René Manuel Jiménez; Ezequiel Córdova Jiménez; César Alonso López Rodríguez; Guillermo Córdova González; Efrén Domínguez Izquierdo; Efraín Chablé Gómez y Félix Córdova Montiel, quien también pasó por Fuerzas Estatales de Apoyo y centros penitenciarios. Varios ocuparon mandos municipales durante años, con control operativo y decisiones diarias sobre detenciones. Horas después se giró una orden de aprehensión contra un elemento en activo de la Secretaría de Marina, adscrito a la Tercera Región Naval en Paraíso. La FGE actuó con rapidez y la Marina colaboró sin rodeos, entregando a su personal a la justicia civil. Ahora falta lo más importante: saber a cuántas personas desaparecieron, el motivo, y dónde están las víctimas, vivas o muertas. Aquí hay una red de complicidades que podría destapar una amplia red criminal. Ya que empezaron, las autoridades federales y locales deben encontrar la punta de la madeja. Muchas familias afectadas esperan noticias de las investigaciones… La desaparición del padre de familia Everardo Márquez Quiroz sobre la carretera Villahermosa-Paraíso ocurre en el mismo corredor donde hoy se investiga a policías municipales y a un elemento de la Marina por desaparición forzada. El dato es preocupante. Everardo, de 55 años, perdió comunicación el 12 de diciembre mientras transitaba en su camioneta, una vía que suma reportes de violencia, retenes informales y control criminal. La Fiscalía del Estado activó ficha de búsqueda, pero el contexto obliga a mirar más allá del caso aislado. ¿Qué está pasando en esa región? La coincidencia temporal y geográfica apunta a una franja insegura para viajeros, donde autoridad y delito parecen haberse cruzado durante demasiado tiempo.
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