Jorge Núñez 
CARTA ABIERTA
El Tribunal Electoral de Tabasco enfrenta un escenario de alta tensión laboral que pone bajo la lupa la gestión de su actual presidente, Oswald Lara Borges. El motivo es el incumplimiento en el pago de los aguinaldos proporcionales para aproximadamente 35 trabajadores que concluyeron sus labores en la institución.
A pesar de haber realizado las solicitudes formales en tiempo y forma, el recurso —que asciende a más de un millón de pesos— no ha sido liquidado, ignorando la fecha límite legal del 20 de diciembre.
El aguinaldo no es una gratificación voluntaria, sino un derecho irrenunciable estipulado en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. La falta de este pago genera una interrogante administrativa crítica: si el presupuesto está etiquetado desde el inicio del ejercicio fiscal, ¿por qué no se han dispersado estos fondos? La omisión afecta la economía de decenas de familias, y coloca al Tribunal en una posición de vulnerabilidad jurídica.
La situación es contradictoria. Resulta paradójico que la instancia encargada de velar por la legalidad y los derechos ciudadanos sea señalada por vulnerar los derechos de su propio personal.
Además, los señalamientos sobre la preferencia del pago de nómina en efectivo por parte de Oswald Lara para atender asuntos de índole personal, aunque pertenecen a la esfera privada, abren un debate sobre la transparencia en los procesos de pago de la institución.
El riesgo de una demanda laboral colectiva es real y creciente. De materializarse, el Tribunal enfrentaría el pago de los adeudos, pero también sanciones económicas severas que podrían oscilar entre las 50 y 5,000 UMAS por cada infracción.
Oswald Lara Borges, quien fue vocero de la gestión de Gerardo Gaudiano en la Alcaldía de Centro, tiene la responsabilidad institucional de resolver esta situación de inmediato; de lo contrario, el conflicto escalará a tribunales federales, dañando la operatividad y el prestigio del órgano electoral del estado.
El tema ha llegado hasta el despacho del gobernador Javier May, y también al de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
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