Jorge Núñez 
CARTA ABIERTA
Lo que se perfilaba como el siguiente gran paso de la autollamada Cuarta Transformación se enfrenta ahora a la realidad de la aritmética legislativa, y a los intereses de supervivencia de sus aliados.
Ricardo Monreal ha sido franco al reconocer que la falta de consenso con el Partido del Trabajo y el Partido Verde podría descarrilar la propuesta de reforma electoral en el Congreso.
Monreal advirtió que si hay desacuerdo no se puede imponer Morena, pues se trata de reglas de aritmética electoral. Al ser reformas constitucionales que deben ser aprobadas por dos terceras partes, el partido oficial no posee la fuerza necesaria por sí solo. Aunque el zacatecano matizó que un eventual rechazo sería un desacuerdo temporal y no implicaría que se rompa la alianza legislativa ni electoral, el mensaje es claro: el avance de la agenda presidencial está condicionado por sus aliados.
El núcleo del conflicto radica en los cambios que chocan con los intereses del PT y PVEM, descritos por analistas como rémoras del sistema político que han sobrevivido por décadas.
La propuesta de Sheinbaum contempla la reducción del financiamiento público a los partidos y un cambio al sistema de elección de plurinominales. Si bien se ha accedido a mantener el actual número de 200 diputados plurinominales, la reforma busca que estos sean los mejores segundos lugares de las elecciones distritales. Esto obligaría a los candidatos a buscar el voto directamente en territorio, un cambio que compromete la subsistencia de fuerzas políticas con escasa base social propia, que dependen de las listas cerradas para mantener sus cuotas de poder.
Alberto Anaya, líder del PT, ha reafirmado la alianza para las elecciones de 2027 y 2030, intentando suavizar la tensión pero sin ceder en el contenido de la reforma. Por otro lado, Manuel Velasco, coordinador de los senadores del Verde, ha sido más reservado, limitando el respaldo total hasta el final del sexenio y reconociendo que existe una pluralidad de opiniones en su bancada que impide garantizar un voto unido.
Es difícil que el Verde y el PT acepten una reforma que ponga en duda su subsistencia, sobre todo si el recorte público a los partidos castiga a los más pequeños y favorece a los grandes.
La estrategia de Claudia parece ser la de avanzar con o sin ellos, apostando por una victoria moral ante la ciudadanía si la reforma es bloqueada por esos intereses de los llamados ‘partidos parásito’. Sin embargo, el costo político de una derrota legislativa podría ser elevado para su imagen de autoridad.
El 2 de marzo, cuando la iniciativa llegue al Congreso, se definirá si la disciplina del bloque oficialista prevalece o si los aliados terminan por sepultar el proyecto electoral de la presidenta.
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