Jorge Núñez 
CARTA ABIERTA
El Poder Judicial de Tabasco atraviesa una de sus pruebas más difíciles en el gobierno de Javier May, una que amenaza con derribar el discurso de honestidad de su presidente Efraín Reséndez Bocanegra.
El plantón frente al Congreso tabasqueño por parte del médico jubilado de Pemex, Carlos González Maza, exhibe la radiografía de una gangrena institucional que se resiste a ser extirpada.
La trama, contada por la prensa local, revela cómo el aparato del Poder Judicial puede ser secuestrado para despojar a un ciudadano de su patrimonio mediante la fabricación de deudas millonarias basadas en documentos apócrifos.
Indigna la presunta colusión entre los abogados Carlos Francisco Gutiérrez Romero y Adelita López Velázquez para inventar un pagaré de 1.5 millones de pesos, con la participación activa de la estructura oficial.
El actuario del Poder Judicial, Pascual Torres López, es señalado por falsear un acta de notificación, asegurando una interacción con el afectado que las cámaras de seguridad desmienten. En este documento se menciona también a testigos de una aceptación de deuda que el médico jamás realizó.
A pesar de la gravedad de estos señalamientos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Efraín Reséndez, quien aspira a ser gobernador, ha optado por el encubrimiento. Lo esperado en cualquier sistema que presuma de transparencia era el apartamiento preventivo del cargo de Pascual Torres López mientras se desahogaba la investigación UAIFVSV-856/2026. Sin embargo, el actuario permanece en sus funciones e incluso se ha denunciado que forma parte del comité que da seguimiento al caso.
Este escándalo no se queda entre las paredes del Tribunal, porque la mancha de corrupción afecta también la imagen del gobernador Javier May. La inacción actual se lee como una continuidad de las viejas prácticas. La parálisis en expedientes que debería resolver el fiscal Tonatiuh Vázquez Landeros solo profundiza la percepción de una justicia selectiva y protegida desde las altas esferas del poder.
La denuncia presentada por el doctor ante la Fiscalía General del Estado también incluye a Leyla Guadalupe Alamilla Hernández y Eneida Castellanos de la Cruz, conformando lo que el afectado describe como una red criminal.
El hermano del médico, el fallecido periodista Rodolfo González Maza, seguramente habría exigido la misma claridad que hoy demanda la sociedad civil ante un sistema que parece blindar a sus propios operadores por encima de la ley.
Acerca del autor
Daniel Castro 
Salvador Fernández Nieto