CHAPALEO
(55 años de actividad periodística en prensa, radio y tv)
EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador en distintas ocasiones se ha quejado de la lentitud de la justicia en nuestro país. Pienso que de ahí su interés por el nuevo decreto para liberar principalmente a aquellos reclusos que por alguna razón han pasado muchos años sin recibir sentencia y a otros que bajo tortura han sido obligados a declararse culpables.
CONOCEDORES DE este tema, me dicen que el Código Penal para delitos del fuero común, establece una lista de delitos menores y otra de mayores, además de contemplar un término legal de seis meses para que el Fiscal del Ministerio Público consigne una carpeta de investigación; es exactamente en este momento cuando se empiezan a dar las deficiencias en la administración de justicia, pues existen expedientes con más de seis meses que por diversas causas no han sido concluidos ni remitidos al juez de vinculación y tanto ofendidos como presuntos responsables tienen que sufrir este lento proceso.
Y CUANDO la carpeta está en manos del juez el camino se torna difícil para ambas partes, pues en ninguno de los dos ciclos del caso las autoridades respetan el proceso ni las leyes, mucho menos los tratados internacionales ni los protocolos como el de Estambul que prohíbe tortura para los detenidos y sacar confesiones a través de golpes y otros métodos
PARA NADIE es un secreto saber que las cárceles de todo el país las habitan inocentes que no cometieron delito alguno, pero se los fabrican para proteger a los verdaderos delincuentes.
BUENO SERÍA que, para dar cumplimiento a las disposiciones del nuevo decreto y por supuesto quedar bien con él propio presidente, o hacerlo quedar bien, las autoridades encargadas de impartir justicia se obliguen a realizar una revisión exhaustiva de cada caso, porque solo de esta manera todos los reclusos que se encuentren dentro de este paquete de beneficiarios puedan alcanzar su libertad.
PLANTEADO DE esta forma surge la interrogante, ¿cómo es posible que en tan pocas horas surgieran doce personas que salen beneficiadas con este decreto?; serán los setentañeros, los de 65 años enfermos o algunas de las damas encarceladas por causas de abortos, pero ¿y los que están presos por tortura? Y los que ¿desde hace diez o más años no han sido sentenciados por negligencia o conveniencia? Según yo, es para ellos este beneficio presidencial
Y CLARO que hay más, mucho más, pero por hoy me voy no sin antes comentarles que provocó alegría la disposición del Presidente Andrés Manuel López Obrador por su interés de que todos los mexicanos seamos libres, lamentablemente en este caso no está en sus manos el actuar de quienes aplican la justa justicia y es la gente humilde la que más sufre de este apartado.