CARTA ABIERTA
El escándalo del huachicol fiscal en Tamaulipas, que incluyó el decomiso histórico de más de 10 millones de litros de hidrocarburo en marzo, destapó una red de contrabando en la que están involucrados empresarios, marinos en activo y retiro, y funcionarios públicos, especialmente de aduanas.
Este operativo, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea serias dudas sobre el conocimiento y responsabilidad de altos mandos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, incluyendo al propio AMLO, al entonces director de Pemex Octavio Romero Oropesa y a los jerarcas del Ejército y la Marina, quienes siempre habían afirmado que el problema del huachicol estaba prácticamente resuelto.
Desde el inicio del sexenio del tabasqueño se prometió un combate total al robo de combustible, con la instauración de guardias militares en instalaciones estratégicas de Pemex y una reducción del huachicol que, según reportes oficiales, disminuyó hasta en un 90%.
Sin embargo, los hallazgos en el Gobierno de Claudia Sheinbaum abren la pregunta de qué tanto sabía el gobierno sobre la persistencia del delito y la complicidad dentro de las fuerzas armadas.
El exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda, en efecto, denunció ante la Fiscalía General de la República irregularidades internas hace dos años, pero la autoridad ministerial, encabezada por Alejandro Gertz Manero, no actuó.
Harfuch, con el apoyo abierto de Sheinbaum, ha dado un giro significativo al tomar el toro por los cuernos en esta disputa, desarticulando la red y presentando órdenes de aprehensión contra más de 200 personas, incluidos empresarios y políticos, como el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel.
El anuncio del operativo de limpieza ocurre a pocos días de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, un reflejo de las presiones de Donald Trump para combatir la operación de grupos delictivos de alto nivel.
Falta saber si esta investigación alcanza a los mandos políticos, cuya participación o tolerancia sigue como materia de especulación y recelo público.
Todo esto confirma que durante años hubo conocimiento de la existencia del huachicol fiscal, al menos en altos mandos de Pemex, Ejército y Marina, pero la acción no fue suficiente ni oportuna.
La valentía de Harfuch y el respaldo de Claudia Sheinbaum marcan un punto de inflexión, abriendo la puerta a suponer que, quizá, el presidente López Obrador no estaba enterado; que lo tuvieron engañado por seis largos años.



