Jorge Núñez 
CARTA ABIERTA
La ofensiva lanzada por el Gobierno de Donald Trump contra el CJNG es otro punto de fricción con la 4T. Al reunir en un frente común al Departamento de Justicia, al FBI y a la DEA, Washington ha declarado una guerra total contra la que califica como una organización narcoterrorista. Este despliegue es también un ataque frontal contra las redes financieras, logísticas y, sobre todo, políticas que lo sostienen.
El anuncio de una recompensa que supera los 100 millones de dólares, destacando los 25 millones ofrecidos por el líder Juan Carlos Valencia González, alias El Pelón, tiene un objetivo: fracturar la lealtad interna. Estados Unidos apuesta por la traición como arma de desarticulación.
Sin embargo, la verdadera advertencia radica en el señalamiento de la DEA sobre la simbiosis entre corrupción y crimen organizado. Al revocar visas a familiares y advertir que ningún cargo público protegerá a quienes faciliten el tráfico, la administración gringa ha puesto en la mira a la red de políticos que rodean a la organización.
Esta ofensiva coincide con otra presión económica: la suspensión de las importaciones de aguacate michoacano. Michoacán, que concentra el 75% del aguacate que se exporta a Estados Unidos, sufre las consecuencias de una inseguridad que Washington ve como una amenaza a su personal.
Con todas estas medidas, Estados Unidos busca asegurar su área de influencia y evitar que Rusia o China entren en México y pongan en peligro sus intereses. Además, con las elecciones intermedias del 3 de noviembre cada vez más cerca, Trump necesita resultados y golpes mediáticos para atraer la simpatía del voto latino.
Claudia Sheinbaum debe decidir si será una aliada del país del norte en esta nueva cruzada, o si su defensa de la soberanía sigue firme. Aunque esto se interprete allá como otra falta de cooperación, tal como se lee ahora mismo la defensa a ultranza de Rubén Rocha Moya.
: LA RÚBRICA
Claudia Sheinbaum confirmó que varios líderes empresariales manifestaron su inquietud y oposición ante la posibilidad de que Lenia Batres asuma la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante su conferencia matutina, reconoció estas preocupaciones del sector privado, aunque evitó mencionar nombres de los participantes en una reciente reunión. Subrayó que la elección de la nueva cabeza de la SCJN es una facultad del Poder Judicial, que, dicho sea de paso, enfrenta una incertidumbre legal por las ambigüedades en la redacción de la Constitución. La próxima asunción de Lenia resalta las tensiones que rodean la renovación de la cúpula judicial.
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Salvador Fernández Nieto 
Sergio Garrido 
Luis Antonio Vidal 