Jorge Núñez 
CARTA ABIERTA
Durante meses, el discurso oficial tendió a diluir la gravedad de los ataques contra comercios bajo la etiqueta de delitos comunes. Sin embargo, la declaración de José Ramiro López Obrador marca un antes y un después en la gestión de la crisis de seguridad estatal, al reconocer que el ataque a la Supercarnicería Grijalva, en Jalpa de Méndez, fue por la extorsión y no por un simple asalto.
Que la Secretaría de Gobierno descarte la línea de investigación inicial del fiscal Óscar Tonathiu Vázquez Landeros, la cual apuntaba a un presunto robo, es un ejercicio de honestidad necesario. Porque negar el cobro de piso solo profundiza la vulnerabilidad de los comerciantes. Ahora, con el problema identificado por su nombre, la exigencia ciudadana es tomar acciones inmediatas.
El ataque en Jalpa de Méndez, que cobró la vida de dos empleados, se suma a una cadena de violencia que ya había dado señales de su origen. El caso de la carnicería El Jarocho en Villahermosa es otro ejemplo. El asesinato de Giovanni Moisés, subgerente del lugar, fue precedido por denuncias de extorsión que no fueron atendidas. Hoy, el cierre de cortinas en diversas sucursales de estas cadenas es la forma de protestar de un sector empresarial que se siente desprotegido por grupos delictivos.
El temor de que negocios con muchos años de funcionamiento abandonen la entidad es real. Aunque Pepín ha intentado dar garantías de seguridad mediante operativos permanentes con la Marina, la confianza solo se restaurará cuando las bandas criminales sean desarticuladas.
Y es que cuando se quiere, se puede. La vinculación a proceso de Sergio N, presunto asesino de la masacre en el centro nocturno D-Bar, donde seis personas perdieron la vida, es una prueba de que las autoridades pueden actuar.
La misma determinación que se aplicó para detener al presunto multihomicida de la zona de La Choca es la que se requiere hoy para frenar a los extorsionandores.
El derecho de piso está creciendo a pasos agigantados en todo México, amenazando la integridad física de empresarios y trabajadores, pero también la economía del país.
:LA RÚBRICA
Bajo la instrucción de la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, Yuriria Torres Páez asumió la delegación en Tabasco en sustitución de Martín Cisneros Rivera, trayendo consigo un perfil académico sólido, forjado en Ciencias Políticas y Derecho Penal por la UNAM. En sus primeras declaraciones, la funcionaria ha puesto énfasis en una palabra clave: coordinación. Su inmediata integración a la Mesa de Seguridad, apenas un día después de su nombramiento, es una buena señal. Aunque Torres Páez ha solicitado tiempo mientras concluye el proceso administrativo, la promesa de presentar un plan de acciones de seguridad en los próximos días será su primera prueba de fuego ante la opinión pública.
Acerca del autor
Daniel Castro 
Salvador Fernández Nieto